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  • Ordena Profepa demolición de complejo hotelero en playas de Oaxaca


  • Empresa constructora deberá pagar 48 millones como multa por daños al medio ambiente
  • Por Capital Digital Hace 4 meses
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  • Crédito: Imagen para ilustrar tomada de internet
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  • La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) demandó a un Juez Federal la demolición inmediata de obras construidas sin autorizaciones de ley en un ecosistema costero y el pago de una multa equivalente a 48 millones de pesos, contra un proyecto de hotel de playa que se construyó sin autorizaciones de Ley en playas del estado de Oaxaca.

    Asimismo, aplicó en su contra el Protocolo de Responsabilidad Penal Corporativa al causar dicha empresa daños de manera ilegal y dolosa, desacatando las medidas de seguridad ordenadas por la autoridad ambiental. Lo anterior, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales que ordena hacer del conocimiento del Ministerio Público delitos cometidos por una persona jurídica.

    La acción emprendida sobre el complejo residencial turístico Vivo Resorts se debe a que luego de siete procedimientos de inspección federal por parte de esta Procuraduría, optó por violar las clausuras impuestas y continuar la construcción de su proyecto en una superficie de 50 mil metros cuadrados de terreno, ocasionando graves daños al ambiente.

    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) solicitó así al Poder Judicial de la Federación imponer dicha sanción económica judicial contra la empresa Éxito Resorts, responsable del proyecto situada en la localidad de Bajos de Chila, municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, por no contar con las autorizaciones federales de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo.

    El monto de 48 millones será depositado al Fondo de Responsabilidad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

    Asimismo, esta Procuraduría Federal solicitó al Juez de la causa establecer la restitución del terreno afectado a su estado original mediante la demolición del complejo residencial hotelero construido ilegalmente.

    Al momento de notificar a la empresa sobre el inicio del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, se detectó que los sellos impuestos por la autoridad habían sido removidos ilegalmente, con el objetivo de continuar las obras en pleno desacato de los mandamientos de la PROFEPA y de la PGR.

    Por lo anterior, se determinó que esta empresa, investigada por la PROFEPA, el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República (PGR), no cumplió con dichas obligaciones y ocasionó daños al medio ambiente en las costas de Oaxaca; además generó graves desacatos a las medidas de suspensión ordenadas para proteger el entorno.

    Lo anterior puede constituir delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, las cuales pueden ameritar una pena de hasta 12 años de prisión en contra de los directivos que ejerzan dominio sobre las actividades ilegales.

    En diciembre de 2016, el Agente del Ministerio Público de la Federación especializado, ejecutó una orden de cateo otorgada por el Juez Tercero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.

    En la diligencia se obtuvieron los datos necesarios que permiten establecer con precisión la superficie afectada por remoción de vegetación natural. Por ello, se aseguró el inmueble que ocupa la empresa hotelera e inmobiliaria, en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, así como dos vehículos.

    Cabe señalar que la legislación ambiental y forestal prevé que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sólo puede ser llevado a cabo previa evaluación del impacto ambiental, a efecto de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos de las obras y actividades inmobiliarias sobre el medio ambiente.

    Para remover la vegetación forestal debe preverse el rescate de especies y su adaptación a un nuevo hábitat, además de que ha de realizarse un pago compensatorio al Fondo Forestal Mexicano.

    La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental prevé que toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, a los recursos forestales, a los ecosistemas o sus componentes, estará obligada a repararlo en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así como a pagar una sanción económica impuesta por un Juez federal.

    En diciembre de 2016, el Agente del Ministerio Público de la Federación especializado, ejecutó una orden de cateo otorgada por el Juez Tercero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. En la diligencia se obtuvieron los datos necesarios que permiten establecer con precisión la superficie afectada por remoción de vegetación natural. Como resultado se aseguró el inmueble que ocupa la empresa hotelera e inmobiliaria, en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, así como dos vehículos.

    Con estas acciones la PROFEPA reitera su compromiso de asegurar que todo daño al medio ambiente sea debidamente sancionado y reparado, utilizando la diversidad de recursos legales disponibles, incluyendo los establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

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