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  • Hay 123 registros de agravios contra periodistas en Oaxaca


  • Se registró además el homicidio de seis comunicadores durante 2016 en la entidad.
  • Por Capital Digital Hace 11 meses
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  • Crédito: agresiones a periodistas
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  • A ocho días de la agresión a la fotorreportera Citlali Granados Cid, en el Centro Histórico de Oaxaca por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dio a conocer que son 123 los registros de agravios contra comunicadores en el estado.

    El organismo establece que de enero del presente año a la fecha, ha tenido conocimiento de denuncias contra al menos 74 comunicadoras y comunicadores, tanto por comparecencia de las personas agraviadas como mediante el monitoreo de medios de comunicación. Esos incluyen el homicidio de seis comunicadores en distintas poblaciones el estado.

    Mediante un comunicado, la DDHPO puntualiza que, del total de agravios, 19 fueron contra mujeres y 97 contra hombres. Otros siete no fueron dirigidos a personas específicas, sino a instalaciones o a la operación de medios, como ocurrió de manera reciente con una estación de radio en Puerto Escondido.

    Señala que en la mayoría de esas agresiones existen indicios claros de que los agravios fueron motivados por el propio ejercicio comunicativo, que además 96 de ellos ocurrieron durante la cobertura informativa, es decir, mientras las y los periodistas recababan información.

    La Defensoría especificó que el tipo de agravio registrado con mayor frecuencia contra periodistas es la agresión verbal, 30 casos, de los cuales 22 fueron amenazas y, de éstas, tres de muerte.

    Indica también que a ese tipo de agravios le siguen, en orden de frecuencia la intimidación, con 22 agravios; además, en 19 ocasiones se despojó o hubo el intento de despojar a las y los periodistas de su equipo de trabajo; también se registraron 14 casos probables de detención ilegal o arbitraria, retención ilegal, o privación ilegal de la libertad y 12 agresiones físicas, con o sin lesiones.

    El organismo subraya con especial preocupación el homicidio de seis comunicadores durante el presente año en el estado, lo cual puede confrontarse con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha informado de seis homicidios cometidos contra periodistas registrados en todo el país durante 2014, y otros seis en 2015.

    La Defensoría expuso que en 60 por ciento de los casos (74 agravios) fueron señalados como agresores solamente dos tipos de actores sociales: agentes de seguridad (35%) y organismos gremiales (25%). En 43 de los agravios, los agresores fueron identificados como agentes de diversas corporaciones policiacas, como la SSP de Oaxaca (27), la policía municipal (26) o de la Policía Federal (15).

    Asimismo, calificó como especialmente graves los señalamientos hacia agentes municipales, y que en ese ámbito la institución autónoma investiga agravios a periodistas consistentes en detenciones ilegales, tortura y ejecución extrajudicial.

    En orden de frecuencia, continúa la instancia defensora, a los agravios cometidos por policías municipales les siguen los de integrantes de centrales sindicales (31), de los cuales en 25 fueron señalados diversos participantes en la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y en otros seis de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Otros 19 agravios fueron atribuidos a particulares y 15 habrían sido cometidos por personas desconocidas, enumera la institución.

    Finalmente, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca señaló que entre los agravios particularmente preocupantes, además de los homicidios de periodistas, se cuenta el ataque cometido contra la fotoperiodista Citlali Granados Cid, quien pese a su estado de gravidez fue hostigada y perseguida por un grupo de manifestantes adscritos a la CNTE en fecha reciente.

    Por este caso, la institución abrió el 17 de septiembre el último cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/1056/(01)/OAX/2016, mediante el cual dirigió cuatro medidas cautelares: a la Fiscalía y a la SSP estatales, para garantizar la seguridad e integridad de la comunicadora; a la Secretaría de Salud, para que le proporcione atención médica y sicológica a la agraviada, y a la Coordinación estatal para la Atención a los Derechos Humanos, a fin de que coordine acciones para el cumplimiento de dichas medidas.

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