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  • Hace falta sensibilizar a la sociedad en justicia indígena: ASL


  • La presidenta de la Sala de Justicia Indígena del TSJO consideró que las autoridades tienen la facultad de tomar decisiones
  • Por Capital Digital Hace 2 años
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  • Crédito: Magistrada Ana Mireya Santos López
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  • El Estado de Oaxaca tiene una composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así como del Pueblo y comunidades afromexicanas se expresa como autonomía, en el marco del orden jurídico vigente de regularidad constitucional.

    Al señalar lo anterior, la presidenta de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), magistrada Ana Mireya Santos López indicó que en nuestro estado, conviven diversos pueblos y comunidades indígenas, que tienen sus propios sistemas normativos con los cuales, cada una de las más de dos mil 500 comunidades, organizan y resuelven su cotidianidad, social, política, religiosa o festiva.

    Por ello, agregó, es preciso reconocerlos como válidos e iguales a cualquier otro orden jurídico, basados en su cosmovisión, es decir, de acuerdo a sus creencias, valores y sistemas de conocimiento que articulan su convivencia social; y las cuales, no deben infringir derechos humanos, tal como lo establece la Constitución Federal, en el artículo 2º.

    Las autoridades comunitarias y/o municipales tienen la facultad de tomar decisiones sobre los casos que se les plantean; lo que los lleva hasta imponer las sanciones que consideren justas y que en su mayoría se cumplen por los integrantes de sus comunidades; ya que saben que es lo mejor para su pueblo y la convivencia social; sin embargo, como en todos los grupos sociales, también habrá algunos integrantes que no estén de acuerdo con tales decisiones; de ahí, la importancia de una instancia jurisdiccional que coadyuve a dirimir este tipo de conflictos, indicó.

    En este sentido, explicó que la función de la Sala de Justicia Indígena recientemente instalada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, es solucionar los conflictos que se presenten con motivo de una queja en contra de una decisión comunitaria y/o municipal, con la cual alguno de sus integrantes no esté de acuerdo, la que puede ser originada por diversas causas, entre ellas, la globalización o la migración, que hace que las personas vayan cambiando su manera de pensar.

    Resaltó que en el primer caso recibido en la materia y que corresponde a un conflicto en el municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca, de la región Mixteca, los magistrados de la Sala Indígena han encontrado diferentes obstáculos que impiden avanzar en su pronta resolución, “como es la falta de sensibilidad sobre todo de los profesionales que laboramos en las instituciones gubernamentales, así como del foro oaxaqueño, por no estar capacitados en el manejo y conocimiento de estos temas” expuso.

    La magistrada Santos López dio a conocer que el expediente respectivo se encuentra en proceso de revisión y en la solicitud de la documentación de las partes involucradas, así como el segundo de los juicios que acaba de recepcionarse, relativo a una privación de todos sus bienes de lo cual se inconforma un ciudadano de la comunidad de Santiago Tutla, San Juan Mazatlán, Mixe.

    Hizo hincapié en que los magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena, como todo órgano jurisdiccional se rigen por los principios jurisdiccionales, el de sometimiento a la Constitución y a la Ley, de imparcialidad, independencia, entre otros. A los pueblos y comunidades de nuestro estado, les interesa seguir conservando su cohesión, costumbres, tradiciones, lengua, organización social, política, porque todo esto les da una identidad del lugar de donde son originarios, la cual se debe respetar, recalcó.

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