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  • Avances sólidos en la defensa de los derechos político electorales de las mujeres


  • Indispensable que instituciones conozcan y hagan uso de mecanismos para combatir la violencia política
  • Por Capital Digital Hace 1 año
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  • Crédito: Observatorio de género
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  • Instituciones y organismos que integran el Observatorio Electoral de Género han logrado encausar legalmente ante las distintas instancias judiciales en materia electoral, casos emblemáticos en los que el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres se ha visto trastocado por actos de violencia política.

    En este sentido, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), así como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), y la recientemente creada Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han coordinado acciones, de acuerdo a sus competencias, para garantizar el acceso pleno a la justicia, con perspectiva de género e indígena.

    Ante el desconocimiento de los mecanismos existentes para acudir a los tribunales, en muchos casos, las mujeres ven trastocada su intención por seguir participando en la vida política de su comunidad, enfrentando escenarios que limita el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

    Instancias como el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, también han intervenido y han tenido conocimiento de los asuntos que el Observatorio acompaña, dando certeza y cohesión legal a los litigios emprendidos.

    En este contexto, surge el caso de Agustina Castellanos Zaragoza, profesora originaria de la Agencia de San Felipe Zihualtepec, municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, quien, junto a otras tres ciudadanas, fueron destituidas de sus cargos de Agente Municipal, Agente Municipal Suplente, Alcalde Municipal y Alcalde Municipal Suplente, respectivamente.

    Hecho que, dado la gravedad de la vulneración a su derecho político electoral de ser votadas en su vertiente de ejercicio del cargo, ha sido acompañado por el Observatorio de Género, convirtiéndose en uno de los casos relevantes donde las citadas instituciones han trabajado de manera coordinada.

    A finales de abril del presente año, la profesora Agustina fue destituida por el Presidente Municipal de San Juan Cotzocón, quien según el dicho de la profesora obstaculizó su desempeño al retenerle los recursos económicos destinados a la Agencia Municipal; ante la violencia política y de género que vivió de manera sistemática –agresiones físicas, verbales y psicológicas–, decidió acudir a las instancias correspondientes para emprender la defensa de sus derechos político electorales.

    En mayo del mismo año, la afectada indicó que solicitó audiencia con el munícipe de San Juan Cotzocón, quien convocó a la Asamblea en donde se nombró al nuevo cabildo en Zihualtepec sin que ninguna de las afectadas fue convocadas.

    Ante ello, la profesora Agustina promovió un juicio ante el TEEO, órgano jurisdiccional que en su resolución acreditó que, no se les dio la oportunidad de defenderse, por lo que ordenó dejar subsistente el nombramiento de las demandantes en sus respectivos cargos. Sin embargo, la sentencia del TEEO fue impugnada ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, quien la revocó y dejó insubsistente.

    Por su parte el IMO, en el marco del Observatorio, brindó asesoría a la profesora y continuó su demanda a través de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF. Actualmente, el proceso ha sido reencauzado y hoy se encuentra para su análisis y discusión en la Sala Superior del TEPJF.

    El caso de Agustina Castellanos sienta un precedente legal en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas y sobre el trabajo y acompañamiento que las instituciones deben tener en casos de violencia política en contra de las mujeres.

    Las dependencias que forman parte del Observatorio de Género están a la espera de la resolución del recurso interpuesto.

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